En las últimas décadas estamos asistiendo a un
deterioro cada vez más evidente del medio ambiente, alterado por una crisis
global que ha ido de la mano del uso intensivo de recursos no renovables, la
degradación de ecosistemas enteros y la aparición de procesos como el cambio
climático que afectan a todo el planeta. La conciencia de esta crisis ambiental
es cada vez mayor en todo el planeta, y la búsqueda de alternativas ha
conducido a respuestas de distinto tipo, entre ellas el establecimiento de
determinados espacios en los que se pretende preservar la naturaleza, al mismo
tiempo, paradójicamente, que la hacemos desaparecer.
Resultado de esta percepción de la problemática
ambiental por parte de la ciudadanía y, consecuentemente, de los gobiernos, ha
sido la producción en los últimos años de una ingente cantidad de documentos de
análisis, normativas, legislaciones, instrumentos de gestión, compromisos, etc.
con los que desde las más diversas instancias se está tratando de dar respuesta
a la demanda social y de paliar de forma progresiva el deterioro ambiental.
Puente (no romano) en Campo de Caso, Parque Natural de Redes.
Si bien el origen de los espacios naturales
protegidos no es de ahora, incluso se identifican antecedentes de ellos en
sociedades no occidentales, en las últimas décadas se constata una explosión
sin precedentes de los mismos que afecta tanto a su número como a su extensión
territorial. Este proceso comenzó primero en tierra, posteriormente en el mar,
y se concreta tanto a nivel global como nacional o regional. Precisamente, en
España los gobiernos autonómicos han sido los responsables de buena parte de su
incremento exponencial desde los años noventa.
Este proceso ha supuesto, en muchas zonas de los
países occidentales, un profundo cambio de uso de los espacios rurales, y de
marginación de actividades económicas no intensivas relacionadas con la
agricultura, la ganadería o la pesca. Los visitantes y turistas llegan hoy día
hasta las zonas más recónditas, buscando desesperadamente una porción de
naturaleza supuestamente virgen, al igual que también lo hacen los efectos de
la contaminación. Ese mito, el de la existencia de una naturaleza intocada por
la mano humana, se identifica detrás de muchos procesos de patrimonialización
de espacios. Con frecuencia, estas iniciativas parten de que la relación de las
poblaciones humanas con la naturaleza ha sido dañina para su integridad,
aunque otra línea de autores apuntan a que éstas han estado indisolublemente ligadas a la evolución misma de
la naturaleza a través de procesos denominados de
coevolución.
España es pionera en la práctica de preservar
determinados espacios con el fin de conservar sus valores naturales. Fue
también uno de los primeros países europeos en adoptar la filosofía de declaración
de parques nacionales inaugurada en 1872 por los EE.UU. Pero España es también
uno de los países donde alcanzan mayor intensidad los conflictos y cuestiones
pendientes en relación a la declaración y gestión de los espacios protegidos.
La idiosincrasia del continente europeo, definida por
una superficie reducida y fragmentada, y la gran diversidad de variables que
influyen en la articulación de los sistemas de protección nacionales, explican
el gran número y variedad de figuras utilizadas para la protección de las áreas
naturales. La mayor parte de los países europeos tiene hasta diez figuras
distintas de espacios protegidos, pero concentradas tan sólo en dos de las categorías
de la UICN (Clasificación de la Unión para la Conservación de la Naturaleza):
la IV (espacio de manejo de hábitat/especies) y la V (paisajes terrestres y
marinos protegidos). En España, esta situación se ve acentuada además por la
descentralización política del país, de forma que existen hasta 47 categorías
diferentes de protección. Así, es frecuente la superposición en el mismo
espacio físico de diversas categorías de protección procedentes de diferentes
normativas (leyes de conservación de la naturaleza, leyes forestales y otras
disposiciones, nacionales y autonómicas). Este problema de solapamiento, que
afecta a unas 300.000 hectáreas en el país, dificulta el empleo de un lenguaje común,
complica la gestión de los espacios naturales, e introduce una gran confusión
en la actual política de conservación de la naturaleza.
Quizás esta perspectiva se haya ido edulcorando con
el tiempo, pero el proceso de protección de espacios al que dio origen sigue estando
plenamente vigente. Sólo en España, estamos hablando de más de 1.587 espacios
naturales protegidos, con 6 millones de hectáreas en tierra (11,8% de la
superficie de nuestro país), al menos 250.000 marinas, y el 36% de la línea de
costa. A esto hay que sumar los espacios que, de acuerdo con la Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se integran en la red Natura 2000,
los cuales superan los 14 millones de hectáreas, un 28% del territorio español
(aunque coincidan con los anteriores en un 42%). Estos datos del Anuario de
Europarc-España (2008:10) son suficientemente elocuentes.
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