viernes, 14 de septiembre de 2012

Sobre los espacios protegidos: significancia e incidencia socioterritorial...

            En las últimas décadas estamos asistiendo a un deterioro cada vez más evidente del medio ambiente, alterado por una crisis global que ha ido de la mano del uso intensivo de recursos no renovables, la degradación de ecosistemas enteros y la aparición de procesos como el cambio climático que afectan a todo el planeta. La conciencia de esta crisis ambiental es cada vez mayor en todo el planeta, y la búsqueda de alternativas ha conducido a respuestas de distinto tipo, entre ellas el establecimiento de determinados espacios en los que se pretende preservar la naturaleza, al mismo tiempo, paradójicamente, que la hacemos desaparecer.


Resultado de esta percepción de la problemática ambiental por parte de la ciudadanía y, consecuentemente, de los gobiernos, ha sido la producción en los últimos años de una ingente cantidad de documentos de análisis, normativas, legislaciones, instrumentos de gestión, compromisos, etc. con los que desde las más diversas instancias se está tratando de dar respuesta a la demanda social y de paliar de forma progresiva el deterioro ambiental.



Puente (no romano) en Campo de Caso, Parque Natural de Redes.


Si bien el origen de los espacios naturales protegidos no es de ahora, incluso se identifican antecedentes de ellos en sociedades no occidentales, en las últimas décadas se constata una explosión sin precedentes de los mismos que afecta tanto a su número como a su extensión territorial. Este proceso comenzó primero en tierra, posteriormente en el mar, y se concreta tanto a nivel global como nacional o regional. Precisamente, en España los gobiernos autonómicos han sido los responsables de buena parte de su incremento exponencial desde los años noventa.

Este proceso ha supuesto, en muchas zonas de los países occidentales, un profundo cambio de uso de los espacios rurales, y de marginación de actividades económicas no intensivas relacionadas con la agricultura, la ganadería o la pesca. Los visitantes y turistas llegan hoy día hasta las zonas más recónditas, buscando desesperadamente una porción de naturaleza supuestamente virgen, al igual que también lo hacen los efectos de la contaminación. Ese mito, el de la existencia de una naturaleza intocada por la mano humana, se identifica detrás de muchos procesos de patrimonialización de espacios. Con frecuencia, estas iniciativas parten de que la relación de las poblaciones humanas con la naturaleza ha sido dañina para su integridad, aunque otra línea de autores apuntan a que éstas han estado indisolublemente ligadas a la evolución misma de la naturaleza a través de procesos denominados de coevolución.

España es pionera en la práctica de preservar determinados espacios con el fin de conservar sus valores naturales. Fue también uno de los primeros países europeos en adoptar la filosofía de declaración de parques nacionales inaugurada en 1872 por los EE.UU. Pero España es también uno de los países donde alcanzan mayor intensidad los conflictos y cuestiones pendientes en relación a la declaración y gestión de los espacios protegidos.

La idiosincrasia del continente europeo, definida por una superficie reducida y fragmentada, y la gran diversidad de variables que influyen en la articulación de los sistemas de protección nacionales, explican el gran número y variedad de figuras utilizadas para la protección de las áreas naturales. La mayor parte de los países europeos tiene hasta diez figuras distintas de espacios protegidos, pero concentradas tan sólo en dos de las categorías de la UICN (Clasificación de la Unión para la Conservación de la Naturaleza): la IV (espacio de manejo de hábitat/especies) y la V (paisajes terrestres y marinos protegidos). En España, esta situación se ve acentuada además por la descentralización política del país, de forma que existen hasta 47 categorías diferentes de protección. Así, es frecuente la superposición en el mismo espacio físico de diversas categorías de protección procedentes de diferentes normativas (leyes de conservación de la naturaleza, leyes forestales y otras disposiciones, nacionales y autonómicas). Este problema de solapamiento, que afecta a unas 300.000 hectáreas en el país, dificulta el empleo de un lenguaje común, complica la gestión de los espacios naturales, e introduce una gran confusión en la actual política de conservación de la naturaleza.

Quizás esta perspectiva se haya ido edulcorando con el tiempo, pero el proceso de protección de espacios al que dio origen sigue estando plenamente vigente. Sólo en España, estamos hablando de más de 1.587 espacios naturales protegidos, con 6 millones de hectáreas en tierra (11,8% de la superficie de nuestro país), al menos 250.000 marinas, y el 36% de la línea de costa. A esto hay que sumar los espacios que, de acuerdo con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se integran en la red Natura 2000, los cuales superan los 14 millones de hectáreas, un 28% del territorio español (aunque coincidan con los anteriores en un 42%). Estos datos del Anuario de Europarc-España (2008:10) son suficientemente elocuentes.

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