Sobre el colapso bolivariano...

Paradójicamente, cuando arranco este blog no me encuentro respirando de los bosques de Redes. En este momento bucares, araguaneys, samanes o palmas de moriche ocupan el lugar de fayas, carbayos, fresnos y castañares. Los variados microclimas de Venezuela permiten la existencia de una muy hermosa y diversa flora, atractiva para propios y extraños. Desde sencillos arbustos hasta imponentes árboles de sombra, la geografía del país ofrece un inigualable escenario para exhibición y muestra de estos portentos de la naturaleza.

En la perspectiva de esta ya mi tercera estancia en tierras venezolanas, bajo la fresca sombra de un ceiba de casi veinte metros de altura, tomo algunas notas en relación a la situación política del país, en plena revolución bolivariana e inmerso en un proceso de cambio socioeconómico que, hasta el momento, no ha ofrecido los resultados esperados. Muy por el contrario, las pistoladas chavistas han hundido al país en un pozo del que probablemente tardará mucho tiempo en salir y la involución democrática amenaza con socavar irreversiblemente el Estado de Derecho.

El populismo no funciona en Latinoamérica y aún menos el socialismo de Chávez. Las visiones futuristas del presidente sobre un socialismo mundial y global no ofrecen luz sobre cual sería el modelo aceptable y menos aclara de los límites al crecimiento que presenta la sociedad venezolana, en razón a lo menguado de las libertades personales, que generan falta de información, al atraso tecnológico en muchas ramas de la economía, haciendo depender al socialismo del capitalismo, o al derroche de recursos por insuficiente planificación. Inevitablemente, se está produciendo una desviación del poder popular en favor de una élite dirigente desvirtuadora de los principios del sistema socialista, porque el socialismo –y la frase es de Roger Garaudy- no es solamente socialización de la propiedad, sino además, indivisiblemente, socialización del tener, del poder y del saber. La retórica bolivariana se enfrenta ahora a la cruda realidad de cifras que evidencian la difícil salida de esta vía equivocada.

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Leo con interés que Venezuela ya supera a Arabia Saudí como principal reserva de crudo del planeta con 296.501 millones de barriles, según los datos del año 2010 publicados por la OPEP, con un crecimiento del 40% entre 2009 y 2010, frente al estancamiento del país árabe. Con la mitad de reservas que Venezuela, y a casi tanta distancia como la existente entre el Orinoco y el Eufrates o el Tigris, se sitúan Irán e Irak como el tercer y cuarto país, respectivamente, con más crudo. Sin embargo, en cuanto a capacidad de explotación, siguen siendo los sauditas los indiscutibles y principales productores del planeta, bombeando una media diaria que supera los ocho millones de barriles, mientras que Venezuela con dificultades supera los dos millones por día.

Mientras el petróleo sigue siendo, por el momento, el bastión que sostiene al país venezolano, este afronta por segundo año consecutivo una severa crisis de generación y distribución de electricidad instaurándose el racionamiento eléctrico. El gobierno asegura, de forma simplista y en la persona del sonrojante vicepresidente Elías Jaua,  que “la población derrocha luz y esto es como un vaso de agua, cuando se acaba ya no hay más”, mientras que sus antagonistas atribuyen la situación a una palpable incapacidad gerencial. Analistas con mayor bagaje científico también muestran posiciones dispares. Mientras los afines al gobierno socialista achacan la crisis eléctrica a fenómenos climáticos, al crecimiento exponencial de la población en los últimos doce años y al patrón de consumo del venezolano, cuya tendencia es al derroche y al dispendio, los opositores denuncian la ausencia de inversiones sostenidas en el sector eléctrico, la inexperiencia de la gerencia media y alta de las empresas que manejan al sector y una planificación inexistente, entre otros factores.

Al margen de esta bipolaridad, las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno son de carácter paliativo, consistentes en la reparación de pequeñas plantas, y de evasión de responsabilidades sobre los apagones, ajenos técnicamente al consumo extra de luz. La realidad es que uno de los motivos principales de la crisis eléctrica actual radica en el desfase en la construcción de proyectos de generación eléctrica y nuevas líneas de transmisión en Venezuela. La última obra de envergadura en este sector fue inaugurada en 1998, casi un año antes de la llegada del presidente Chávez al poder, en los Andes venezolanos. Si bien la población venezolana se ha incrementado en seis millones de habitantes durante los doce años de gobierno socialista, el sistema eléctrico es el mismo que se construyó en los años de democracia, entre 1959 y 1999. Algunos expertos hablan de la necesidad de inversiones de hasta catorce mil millones de dólares y un plazo de tiempo no menor de los cuatro o cinco años para corregir la situación. Si a la imposibilidad de generar mayor cantidad de energía eléctrica se añade la dubitativa y en entredicho capacidad tecnológica para la extracción petrolífera, la transición a la crisis energética actual se antojaba inevitable. La única vía que le queda al gobierno socialista es reforzar el racionamiento, ya que la infraestructura de generación termoeléctrica tardará aún en estar disponible, pese a que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el pasado año gran cantidad de recursos para el sistema eléctrico. A día de hoy la mayor parte de los proyectos están por comenzar y de los bolívares destinados para ello nada se sabe.

Si bien Venezuela es uno de los países más ricos en recursos hídricos, la mayoría de los cuales se encuentran concentrados al sur del río Orinoco, la escasez de agua tampoco es algo nuevo para el país y cada día es más frecuente su ausencia en los hogares venezolanos. Las causas principales apuntan a la falta de mantenimiento de las plantas, embalses y redes de distribución, aunque también a ello han contribuido los largos periodos de sequía producidos por los cambios que ha sufrido el ciclo hidrológico a causa del calentamiento global y el consecuente aumento de las temperaturas. El  mismo presidente Chávez, nuevamente de forma simplista y profano a toda ciencia, culpa a la población de su consumo excesivo, en aras de justificar los continuos y sistemáticos cortes del suministro que en algunos barrios se pueden prolongar por quince días. El presidente usa sus discursos diarios televisados para aleccionar al país sobre las virtudes del agua fría y las duchas rápidas: “yo me ducho con agua fría en tres minutos y les aseguro que no salgo hediendo”, y para justificar que la situación “se debe al consumo excesivo de los ricos que tienen piscinas y lavan sus automóviles compulsivamente”. Otros miembros de la izquierda culpan al fenómeno climático de El Niño, pero se excusan cuando se les solicita una relación causa-efecto. Si bien es cierto que Venezuela tiene un régimen de lluvias estacional, con un periodo húmedo que va de mayo a octubre y otro seco que va de octubre a mayo, otros factores ambientales pueden modificar ese patrón pluviométrico, como El Niño, que produce el recalentamiento de las aguas suramericanas del Pacífico y, entre otras consecuencias, modifica la cuantía de las precipitaciones, pero sólo un escaso porcentaje de la escasez hídrica puede atribuirse a este fenómeno climático sobradamente estudiado. Tampoco ayuda el que sólo un 6% de las aguas residuales del país reciban algún tipo de tratamiento, lo que hace que la mayor parte de las aguas se encuentren contaminadas provocando la interrupción del ciclo hidrológico natural y que los humedales venezolanos, el 17% de la superficie total del país, se encuentren en situación crítica.

En el ámbito económico la deuda nacional se incrementó en un 1000% en la última década comprometiendo la viabilidad económica del país. El gobierno bolivariano está desaprovechando el periodo de bonanza petrolera más largo su historia y, a pesar de los ingentes ingresos extras registrados en estos últimos años, a la administración de Hugo Chávez no le alcanzan los ingresos y recurre con mayor frecuencia al endeudamiento interno ante el abultado gasto público debido, en gran parte, al crecimiento descontrolado y desorganizado del Estado, comprometiendo el futuro de no sólo la generación actual sino fundamentalmente de las venideras. 

La deuda total de Venezuela representa un 36,35% de su PIB al 2009, con respecto al 32% en 2000, según cifras del FMI. Para este curso, el gobierno ha aprobado una ley de endeudamiento público que asciende a 40.359 millones de bolívares fuertes, la mitad destinado a la emisión de nuevos bonos. Mientras que el gobierno de Chávez asegura que el endeudamiento público es manejable y está en niveles adecuados, algunos economistas afirman que, incluso con un precio de petróleo de más del doble del fijado en el presupuesto, "los excedentes petroleros no son suficientes para cubrir el gasto público" por problemas en los niveles de exportación y de cobranza. Aunque cierto es que el endeudamiento venezolano comenzó a crecer sin freno a finales de los setenta, en el primer periodo de Carlos Andrés Pérez, con una etapa de colocación desordenada de deuda, sobre todo externa, que se extendió durante los siguientes gobiernos, ha sido desde 2000, al comienzo del mandato de Chávez, cuando ha comenzado a crecer de forma exponencial, haciendo cabalgar ese, aún por explicar, socialismo del siglo XXI sobre el petróleo con una forma de control de las actividades absolutamente inviable. Venezuela ha dilapidado muchos de sus ingresos tratando de aparentar que no se ve afectada por la crisis financiera internacional. Con los recursos petroleros, que representan más del 90% de los ingresos del Estado tras la intervención estatal en el sector privado de los últimos años, el Gobierno de Chávez financia plantas eléctricas en Cuba, carreteras en Nicaragua y diversas obras de infraestructura en Bolivia y Ecuador, tratando de ganarse el apoyo político de algunos Estados, en su intento por ofrecer una imagen en el extranjero de que hay estabilidad económica y que no ha sufrido la crisis del capitalismo.

La crisis socialista desatada por las erradas políticas públicas inspiradas y conducidas por el ministro de Planificación, el ampliamente rebasado Giordani, ha creado un problema mayor que el que el propio Chávez quiere enfrentar. El comandante, cuyo mayor conocimiento en economía fue el adquirido hace cuarenta años como encargado de la cantina de la academia militar, sigue confiando en el trasnochado ex profesor universitario, ya consciente del trecho existente entre contar batallitas comunistas a estudiantes recién salidos del instituto y ser el timonel de una nave a merced de vientos y corrientes. En los pasillos de Miraflores cada día se apuntan nuevos candidatos a esta apetitosa poltrona ministerial y el monje, como así le llaman sus compañeros ministros, está en el punto de mira de la mayor parte de ellos y, principalmente, del diputado Cabello, otro militar entre cuyos discutidos logros se encuentran participar en el golpe de estado de 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez y ser presidente de la República por unas horas cuando las tornas se volvieron y el golpe del 2002 fue contra el propio Chávez, no sin olvidar la malversación e uso indebido de doscientos treinta millones de dólares en 2008, o sus abultadas cuentas bancarias en el extranjero: al menos veintiún millones y medio de dólares en un banco alemán.

Mención expresa ha de hacerse a la, de forma generalizada, tremenda debilidad académica y profesional de los casi treinta ministros nombrados por la presidencia. Adláteres y advenedizos son los que no faltan a la siempre larga sombra del comandante Chávez, el mismo que en 1998, exultante presidente electo, manifestó que reduciría a doce las carteras ministeriales porque “hay mucha burocracia, hay que apretarse el cinturón”. Hoy, en Venezuela, cada problema que surge es resuelto por el régimen con la creación de un Ministerio, una Autoridad Única, un Consejo Asesor o un Instituto Autónomo, para seguir nutriendo la ya espesa burocracia revolucionaria. El ultimo ministerio creado, como efecto de los disturbios en los centros penitenciarios en junio del presente año, es el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, que tiene por objeto, en palabras del presidente, “convertir la cárcel en un centro de formación del hombre nuevo, que el hombre salga transformado para bien, que la mujer salga transformada; más educado, capacitado para el trabajo para la vida, para el socialismo, para el amor”, y así la nueva ministra Iris Varela, en sobredosis de demagogia, manifiesta que, "el verdadero rostro del capitalismo salvaje, está en las cárceles" y "sólo en revolución se puede resolver el tema de las cárceles". En su primera intervención lanzó que no habría más ingresos en las cárceles, y al fin de semana siguiente los homicidios en el país se duplicaron. Necesaria la rectificación, aclaró que “no habrá encarcelamientos hasta septiembre”, es decir, dos meses de patente de corso para delinquir, y finalmente, consciente de lo impopular de la medida, hubo de rectificar lo ya rectificado diciendo que “bueno, los delitos mayores si irán a la cárcel”. Su primera y revolucionaria decisión, ya en marcha, consiste en liberar a veinte mil penados de los cincuenta mil existentes en una infraestructura carcelaria dispuesta para sólo trece mil reos, y ante tal magnificencia de compromiso deja otra perla tal que "lamentablemente nuestras cárceles están pobladas de personas humildes", lo que, a tenor de la actuación ministerial, parece otorgarles el derecho, e incluso el deber, de la delincuencia. La nueva ministra se posiciona por encima del sistema judicial, de jueces y fiscales y de todos los cuerpos policiales. Evidentemente, el currículum de la diputada Varela no desvela conocimiento académico o práctico alguno acerca de los sistemas penitenciarios, ni tan siquiera algún postgrado añadido a su ya descolorido título de abogada, pero esto se torna irrelevante en un gobierno que nombra biólogos para dirigir las finanzas y sociólogos para hacerlo con la agricultura. El criterio es que si el comandante pudo ser presidente, cualquiera puede ejercer cualquier cargo.

Desde hace unos años, el Gobierno ha comenzado un proceso de expropiaciones en áreas clave del sector privado -entre ellos el sector cementero, el bancario, los servicios petroleros o la producción y distribución de alimentos- que lleva al país a asumir unos compromisos para costear esas intervenciones. El presidente solicitó la redacción de una nueva ley que permita al ejecutivo expropiar y ocupar empresas sin tanto trámite burocrático. La Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, que le permite declarar el "interés social" de todo cuanto sea "indispensable para la población" y para la "seguridad del Estado", incluye "todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios", es decir, prácticamente todo lo potencialmente expropiable. Y, desde entonces, el Estado está habilitado para expropiar sin que medie la autorización del Parlamento. El ejecutivo también tiene la potestad de "adoptar la medida de ocupación, operatividad temporal e incautación (de los bienes y servicios) mientras dure el proceso expropiatorio". Chávez amenaza con tomar los establecimientos y cadenas comerciales que, a su juicio, incrementan sus productos de forma abusiva: “Si los saqueadores del pueblo siguen abusando, el Estado expropiará esos negocios para dárselos al pueblo”, asegura con su habitual altanería y desprecio a la seguridad jurídica. La creación de la Corporación de Mercados Socialistas, una especie de cooperativa vertical para integrar productores y canales de comercialización administrando todo tipo de negocios, desde restaurantes "socialistas" hasta concesionarios de coches o tiendas de electrodomésticos, parece una medida de cara a la galería pero que, por el momento, no está sirviendo para nada. Entre expropiación y expropiación, los venezolanos se lanzan a una verdadera orgía compradora, que paradójicamente ha contribuido a elevar todavía más los precios, lo que agudiza, más si cabe, la pérdida del poder adquisitivo que vienen sufriendo las clases medias y bajas.

Todo esto no debiera sorprender en demasía cuando radicalización y expropiación son las líneas maestras de la hoja de ruta propuesta tras las últimas elecciones parlamentarias por Alan Woods, el postrer asesor ideológico del presidente Chávez, para garantizar el éxito de la revolución bolivariana. Este folklórico galés de extrema izquierda forma parte de ese puñado de náufragos que dejó la caída de la URSS: unas ánimas solitarias en búsqueda de patrocinador para seguir pontificando sobre el marxismo-leninismo y la revolución desde polvorientos púlpitos llenos de telarañas. Caracterizado por sus ideales trotskistas, Woods sucedió en el cargo al marxista húngaro Istvan Meszaros y a Heinz Dieterich, alemán que se apunta el tanto de la creación del concepto de socialismo del siglo XXI, pero, al igual que Woods, de escasa aportación ambos en el mundo de las ideas. Woods, cuya conferencia ofrecida en Caracas en 2006 es recordada por surrealista, anacrónica e irracional, afirma en su análisis ¿A dónde va la revolución bolivariana? que “hasta que no se lleve a cabo la expropiación de la tierra, de la banca y de los puntos neurálgicos de la economía, no se puede hablar de economía socialista, sino de economía caótica” ya que “las elecciones parlamentarias mostraron un creciente descontento y la impaciencia de las masas con la lentitud de la revolución, y la manera de ganarles es expropiando a los grandes capitalistas, convenciéndoles de que la revolución es invencible”. Ciertamente Chávez, guiado por Woods, precisa de una radicalización política absoluta y un control total de las instituciones si el panorama electoral se le complica, e intentará castrar todo aquello que pueda retar su poder. En cambio, en el plano económico el presidente duda entre un socialismo marxista, en el que el gobierno toma todos los factores de producción, o un socialismo autoritario, en el hay cabida para la empresa privada pero en el que pierde su capacidad de decisión en cuanto a precios, proveedores o clientes. Tanto Chávez como Woods, inicialmente partidario de la gradualidad, son conscientes de la proximidad de las elecciones presidenciales de 2012 y, por tanto, de la necesidad de medidas más radicales como la nacionalización de la banca y la erradicación del capital privado. Sin embargo, las recomendaciones del asesor del presidente parecen políticamente inviables, y si el chavismo pierde las elecciones de 2012 una de las posibles razones pueda ser la radicalización en exceso. Confiar en las directrices de Woods es como confundir  astronomía con astrología o creer que la Tierra es plana.

Los pronósticos sitúan la inflación de Venezuela en el 28% para 2011, más del doble que el siguiente de los países grandes, Argentina con el 11,2%, y seguirá siendo el país más alta inflación del continente. Tras devaluar su moneda dos veces en 2010 no sería sorprendente que se produjera otra devaluación para financiar gasto público a finales de 2011. La proximidad de elecciones presidenciales es sinónimo de gastos extraordinarios si la intención de Chávez es mantenerse, como fanfarronea, hasta 2031. La situación habría sido mucho peor si el petróleo no hubiera repuntado hasta los 120 dólares, sin duda debido a la crisis política en Oriente Próximo y el Norte de África., lo que ha proporcionado al régimen una botella de oxígeno, manteniendo su elevado nivel de gasto social, pero incapaz de resolver problemas tan básicos como el abastecimiento de alimentos, el suministro de energía eléctrica o el funcionamiento del transporte y otros servicios básicos. Según la agencia de calificación Moody's, Venezuela cuenta con un ambiente político caracterizado por "la baja transparencia y una política económica heterodoxa que amenaza a largo plazo la sostenibilidad económica" del país. Además, la inseguridad jurídica que existe con las medidas populistas de Chávez y sus ataques a la propiedad privada ha afectado seriamente a la imagen del país. Venezuela ya no es un país destino para capitales de inversión y ha dejado de competir con las economías emergentes latinoamericanas. Desde que Chávez asumió la presidencia en 1999, el bolívar se ha depreciado cerca de un 85% respecto al dólar, a pesar de la fuerte entrada de divisas por las exportaciones de petroleo. Éstas no han sido suficientes para compensar un déficit exterior galopante, que ha obligado al gobierno a retener los beneficios de las compañías multinacionales que operan en el país y que ahora precisan autorización para repatriar sus beneficios. Con las sucesivas cotizaciones del bolívar la mayor parte de estas ganancias desaparecen en la conversión a una moneda fuerte.

Doce años de chavismo han situado al país en un punto de no retorno económico y mientras que Latinoamérica se encuentra ante la posibilidad de protagonizar una gran historia de éxito económico en los próximos años, Venezuela ya ha perdido ese tren y el deterioro del tejido productivo así como la dependencia y el endeudamiento externos disminuyen el crecimiento potencial y aumentan la probabilidad de nuevas crisis. La herencia del periodo chavista se ha convertido en la reducción de la inversión privada nacional empantanando al país en una especie de enfermedad holandesa con el monocultivo del petróleo, un sector que desde su nacionalización se ha convertido en instrumento de malversación del gobierno. La economía se mantiene gracias a los precios altos del petróleo, aunque la gestión gubernamental ha hecho caer la producción y este negro salvavidas puede que no se prolongue en el tiempo.

El cada día creciente número de homicidios, secuestros y robos es la principal preocupación de los venezolanos y podría convertirse en la amenaza fundamental para el líder socialista y sus aspiraciones de resultar reelecto en 2012. Los ciudadanos no temen el clásico atraco o robo, sino que ya se habla de sicariato, secuestros express, secuestros prolongados o asesinatos por sustraer cualquier objeto, desde unos zapatos hasta un vehículo. Algunas estimaciones sitúan la tasa de homicidios de Caracas en 118 por cada 100.000 habitantes -en este número no se contabilizan los ultimados por resistencia a la autoridad-, convirtiendo, según algunos informes internacionales, a la capital venezolana en la cuarta ciudad más peligrosa del mundo después de Ciudad Juárez en México, Kandahar en Afganistán y San Pedro Sula en Honduras. En el conjunto del país más de cien personas mueren cada fin de semana y en Venezuela la violencia es la tercera causa de muerte sólo precedida por enfermedades cardiovasculares y cáncer. Expertos afirman que 2011 podría cerrar con 18.000 ó 19.000 homicidios. Las confusiones sobre las cifras exactas y las estimaciones ampliamente diferentes reflejan la naturaleza política del asunto, sin embargo, todas las estadísticas confirman que Venezuela es el país con mayor cantidad de asesinatos en América del Sur, significativamente por delante de Colombia y Brasil. También parece poco probable que la situación mejore en breve puesto que el gobierno no ataca las raíces del crimen, principalmente la proliferación de armas y el narcotráfico. En los aún recientes disturbios carcelarios, sólo en El Rodeo, centro penitenciario en las proximidades de Caracas en el que un millar de presos resistió con armas de fuego y durante casi un mes un intento gubernamental por controlar el recinto con unos cinco mil soldados, la Guardia Nacional Bolivariana incautó fusiles, escopetas, carabinas, ametralladoras, pistolas y revólveres de diferentes calibres, cargadores de pistolas, cargadores de fusil, granadas de mano, cinco mil cartuchos de fusil, cientos de teléfonos móviles, y escandalosas cantidades de cocaína y marihuana.

En un país que cuenta con una red vial de 134.929 km de carreteras, sólo 34.179 km están asfaltados y el resto forman la red vial agrícola rural sin pavimento alguno. En los últimos años, el exceso de vehículos ha hecho colapsar el sistema vial hasta ahora existente, lo cual demanda que el Estado invierta en mantenimiento y construcción de nuevos canales de descongestionamiento para las principales vías, sobre todo en las ciudades más pobladas. Pero como ya es costumbre, episodios tales que colapsos de viaductos o derrumbes de carreteras son noticia diaria en un país cuya red de comunicaciones se muestra extremadamente lenta, frágil y peligrosa, debido a una arraigada cultura de imprevisión e improvisación. La Sociedad Venezolana de Ingenieros Civiles ha propuesto, a través de la presentación del Plan Nacional de Vialidad, una estrategia de inversión de diez mil millones de dólares en los próximos cuatro años para adaptar la vialidad a las exigencias de una Venezuela moderna: esto incluye la consolidación y recuperación acelerada de carreteras, túneles, puentes y pistas aeroportuarias, con un estudio de pavimentos; así como también la actualización de los manuales de drenajes, pavimentos, diseño y mantenimiento vial y la reparación inmediata de las fallas de borde y sustitución de alcantarillas. La premisa básica a cumplir es "el mantenimiento planificado" pero, como en otras muchas áreas, el gobierno bolivariano huye pavorosamente de este término, por no ser suficientemente populista. Mientras que las licencias de conducción se venden a la luz del día y el conductor venezolano transita en estado salvaje al margen del código de circulación más elemental, los escasos guardias de tráfico se convierten en meros espantapájaros a la espera de mordidas que multipliquen su raquítico sueldo.

Candente, y de también remota solución, se plantea el problema que Venezuela enfrenta con su sistema de educación superior. Con una universidad, tanto pública como privada, embebida en el maniqueísmo y ahogada por la práctica política, la comunidad universitaria se encuentra a la deriva, desvirtuada de todas las bondades propias de la institución y subyugada al adoctrinamiento y a la formación de grupos políticos de, cuando menos, dudosa libertad de pensamiento, de tal modo que el movimiento estudiantil, tradicionalmente efervescente en Latinoamérica, se ha convertido en figurante del escenario socialista. Si bien la misión última de la universidad es la creación de conocimiento y el acceso debería ser preferente para aquellos con capacidad, formación y un desarrollado activo intelectual, la escalinata de acceso se ha convertido en un mercado persa en el que las puertas se abren para quien disponga del sobre que pueda solicitar el corrupto funcionario de turno. Así, las recientes estadísticas de la UNESCO, que sitúan a Venezuela entre los primeros países del mundo en matriculación universitaria, se convierten en perversas y engañosas cuando a nadie se le ocurre comparar los estándares universitarios venezolanos con los de países tales que Noruega, Dinamarca o la propia España, por ejemplo. A la revolución bolivariana se le une curso tras curso un pelotón de licenciados que sufre un frustrante desencuentro en su toma de contacto con la realidad social y empresarial y que, cual muñeco de nieve, se derrite con los primeros rayos de sol.

El tratamiento médico que el presidente Chávez continúa recibiendo en tierras cubanas da buena cuenta de la confianza que este muestra en su propio sistema sanitario, del que una visión cruda, pero real, lo muestra acuciado por un bajo presupuesto, un paupérrimo nivel tecnológico y un alto nivel de deterioro en las instalaciones. De un tiempo acá, el gobierno ha creado un proyecto alternativo de salud llamado Barrio Adentro, caracterizado por la utilización de profesionales cubanos y venezolanos, para ofrecer servicios de salud a la población de las zonas pobres del país, y al que se están desviando los fondos públicos mientras que los hospitales van cerrando unidades y disminuyendo su oferta de servicios. Mientras la oposición argumenta que el país ya cuenta con una red de ambulatorios que, aunque abandonada, recibiendo las inversiones adecuadas bien podría prestar el servicio requerido por el pueblo, la presencia de los galenos cubanos es motivo de controversia y el gremio médico venezolano, que no ha querido colaborar y prefieren hacer sus prácticas en zonas rurales antes que en los barrios conflictivos, pone en entredicho las titulaciones, los conocimientos y las credenciales de sus homólogos cubanos. Un cable confidencial del catorce de diciembre de 2009, hecho público por Wikileaks, desvela y aclara de forma meridiana las crisis de los centros hospitalarios a lo largo del país, literalmente “carentes de medios y recursos e incluso peligrosos”, así como las continuas protestas y reclamaciones de los profesionales médicos. Paralelamente, el venezolano que quiera disponer de atención sanitaria paga de su bolsillo costosas pólizas de seguro y las clínicas privadas se lucran hasta el punto de que una pernocta en una de ellas duplica el precio del mejor hotel de cinco estrellas de Caracas.

Tristemente, todo apunta a un colapso de la economía venezolana durante el próximo periodo presidencial, independientemente del partido en el poder, hasta el punto de que el semanario estadounidense Newsweek se atrevió a predecir recientemente un nuevo golpe de Estado contra Chávez. En principio, esto no parece probable por la posición de conveniencia que hasta ahora vienen disponiendo unas fuerzas armadas que declaran públicamente la no aceptación de otro gobierno distinto al de Chávez y la insumisión a las órdenes de otro comandante en jefe, no sin olvidar otros ejercicios gratuitos de incontinencia dialéctica como el protagonizado por el general Henry Rangel Silva cuando el pasado año aseguró que “la Fuerza Armada Nacional no reconocerá el triunfo de un candidato de oposición en 2012”. Carnavaladas a un lado, lo que sí que está claro es que las pistoladas chavistas han hundido al país en un pozo del que tardará mucho tiempo en salir y la involución democrática amenaza con socavar irreversiblemente el Estado de Derecho. El populismo no funciona en Latinoamérica y aún menos el socialismo de Chávez. Las visiones futuristas del presidente sobre un socialismo mundial y global no ofrecen luz sobre cual sería el modelo aceptable y menos aclara de los límites al crecimiento que presenta la sociedad venezolana, en razón a lo menguado de las libertades personales, que generan falta de información, al atraso tecnológico en muchas ramas de la economía, haciendo depender al socialismo del capitalismo, o al derroche de recursos por insuficiente planificación. Inevitablemente, se está produciendo una desviación del poder popular en favor de una élite dirigente desvirtuadora de los principios del sistema socialista, porque el socialismo –y la frase es de Roger Garaudy- no es solamente socialización de la propiedad, sino además, indivisiblemente, socialización del tener, del poder y del saber. La retórica bolivariana se enfrenta ahora a la cruda realidad de cifras que evidencian la difícil salida de esta vía equivocada. El presidente proclama en cada intervención el “vivir viviendo”, pero la realidad es otra muy distinta y la población venezolana vive sufriendo.