Será pasado mañana, domingo 12 de febrero
de 2012, cuando se elija, mediante primarias, al candidato único de la oposición
que se enfrentará el próximo 7 de
octubre a Hugo Chávez en las presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela. Este, el autócrata, viene logrando que las sucesivas
elecciones desde 1998 se convirtieran en auténticos plebiscitos sobre su
persona, aunque la otra cara de la moneda muestra que también ha conseguido enraizar la división del
país en dos Venezuelas, de las que la suya, la vestida en rojo, le ha mantenido
hasta la fecha en Miraflores.
María Corina Machado, co-fundadora de la asociación Súmate, y diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda.
A su lado Henrique Capriles Radonski, fundador y lider del partido Primero Justicia, además de gobernador del Estado Miranda.
Los aspirantes con mayor
seguimiento son dos hombres, Henrique Capriles y Pablo Pérez, y, aunque muy
distante en las encuestas, una mujer, dama en realidad, María Corina Machado. Aunque
los tres pertenecen a la Venezuela acomodada, María Corina es la candidata
soñada por Chávez por su condición de católica conservadora de 42 años, quien a
ojos del presidente —la apoda “la burguesita”— representa todo lo que no soportan
los votantes del PSUV. Capriles, que parte como favorito, 39 años, tiene el
gran mérito de haber derrotado al golpista Diosdado Cabello en las elecciones a
gobernador del Estado de Miranda, al que muchos ven como sucesor de un Chávez
visiblemente derrotado por la enfermedad. Capriles pretende ser la versión moderada del brasileño Lula. Pablo Pérez, más pueblo que los anteriores,
gobernador de Zulia, donde la oposición siempre obtuvo sus mejores resultados, es
un pseudo-Chávez escorado a la derecha.
Sobre la valentía de los tres candidatos no cabe la
menor duda. Ser candidato contra Hugo Chávez es solicitar el ingreso en prisión
o el pasaporte al exilio, como lo saben los antecesores de este grupo de
aspirantes a convertirse en abanderado o abanderada de la oposición (el último,
Manuel Rosales, está asilado en Perú). En el caso del favorito, Capriles, el
riesgo no es ir sino volver a la cárcel, pues ya fue encarcelado cuatro meses por Chávez en 2004.
Las presidenciales del próximo
otoño, lejos de perfilarse como una contienda ideologizada —democracia
occidental versus socialismo del siglo XXI— se decidirá en razón a baremos
mucho más terrenales. El comandante esgrimirá que ha vencido a la enfermedad y
que su victoria ha sido un sacrificio más por la revolución bolivariana, pero
su campaña de fondo se basará en que ha habido una mejoría real del nivel de
vida de los menos favorecidos, sufragada por la inagotable renta petrolera.
Quienquiera que gane las primarias apuntará a la erosión de las libertades, la
corrupción del poder, y el desfallecimiento moral de la sociedad, aunque el
gran argumento será otro: que no se puede salir a la calle sin jugarse la vida,
especialmente en Caracas.
Pablo Pérez Álvarez, gobernador del Zulia y candidato por el partido Un Nuevo Tiempo, liderado por Manuel Rosales.
En abril de 2011, el Gobierno
anunció la puesta en marcha de la Gran
Misión Vivienda Venezuela, que aspira a construir dos millones de
apartamentos en siete años, de los que casi 150.000 deberían estar listos a la
fecha de los comicios, pero no parece que así vaya a suceder. Más recientemente
ha creado la Gran Misión Amor Mayor,
en beneficio de la tercera edad, y la Gran
Misión Hijos de Venezuela, en este caso para apoyar, entre otros, a las
adolescentes embarazadas, justo ahora que hemos superado los 7000 millones de
pobladores. A todo ello se une la congelación de los precios de 18 productos de
primera necesidad, para apuntalar a Chávez con el voto cautivo de, cuando
menos, un 40% de venezolanos: un pueblo que come mejor, tiene medicina
gratuita, y hasta puede guardar algo para esparcimiento, al tiempo que es mínimamente
sensible a la erosión de unas libertades de las que nunca hizo uso cotidiano.
Sin
embargo, todas las encuestas señalan que la mayor preocupación nacional, a
derecha e izquierda, es el incontenible auge de la violencia. Durante 2011 Caracas fue la segunda urbe más criminalizada de Latinoamérica tras
la mexicana Ciudad Juárez. En 2009 la capital venezolana sufrió una tasa de más de 130
homicidios por 100.000 habitantes —que en 2011 ya se aproximó a 200— cuando la
media venezolana es de 65, y la de todo el continente latinoamericano de 27. La
policía ha dejado de informar sistemáticamente sobre esa hecatombe, pero
fuentes independientes hablan de 17000 muertes violentas en 2010 para menos de
30 millones de venezolanos, lo que hace del sicariato, el asesinato por
encargo, la industria de mayor crecimiento en la República Bolivariana. Por
esta razón comienzan a surgir patrullas vecinales en los barrios para suplir a
las inoperantes fuerzas del orden. Incluso Tarek el Aissami, ministro del
Interior, reconoció que casi un 20% de delitos son cometidos por la propia
policía. Contra todo ello se creó en 2009 un cuerpo policial bolivariano, sobre
el que Chávez aclaró que no protegería a la burguesía, pero a la vista de las
cifras parece que el crimen no pregunta a sus víctimas sobre su estrato social.
Provisionalmente, cabría concluir que la integradora política chavista ha
perturbado más que apaciguado las tensiones sociales, y que, por haber
empoderado a segmentos sociales históricamente marginados, ha roto un
equilibrio anterior, por precario que fuese. También el 7 de octubre se votará
sobre el fracaso de la revolución bolivariana.
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